Graves violaciones de los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad
Foto: Zavianny Torres.
El sistema de justicia penal acusatorio en México se encuentra en una situación deficiente en el funcionamiento del sistema de ejecución de penas, particularmente en el sistema penitenciario. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), expedida el 2 de enero de 2009, no logró consolidar la figura de un sistema penitenciario nacional unificado, que acreditara la certificación de sus operadores bajo estándares de respeto a los derechos humanos y el cumplimiento a los tratados internacionales aplicables a las personas privadas de la libertad (PPL), así lo señaló el prestigiado litigante Humbertus Pérez.
En la manifestación llevada a cabo en las instalaciones de la CNDH, se aseguró que es preciso señalar que el modelo penitenciario actual tiene origen directo en las decisiones políticas adoptadas durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y de Genaro García Luna. En el sexenio calderonista se inició la privatización de centros penitenciarios y la construcción de penales federales bajo esquemas marcados por la corrupción, generando contratos altamente costosos y una carga económica desproporcionada para el Estado mexicano.
Este modelo no sólo fracasó en términos de seguridad y reinserción social, sino que consolidó un sistema penitenciario ineficiente, opaco y violatorio de derechos humanos.
El artífice de esta política de gran corrupción y violación de los derechos humanos de las y los PPL´S es Genaro García Luna, que cumple una condena de 38 años de prisión en los Estados Unidos de Norteamérica por ser parte y operador de grupos criminales.
En la actualidad, las prisiones en México evidencian que la ejecución de penas no constituye una prioridad, las y los PPL´S enfrentan violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, comenzando por la ausencia de un modelo efectivo de reinserción social.
Durante los últimos años el sistema penitenciario ha profundizaron la crisis caracterizada por traslados injustificados de personas internas del fuero común al ámbito federal, realizados sin respetar el debido proceso. Estos traslados se ejecutan sin garantizar el derecho de audiencia, ni permitir que familiares o representantes legales le den tramite a los medios de defensa y afectando gravemente el derecho de la convivencia familiar y parte sustancial en la reinserción social.
En los penales federales y locales siguen persistiendo prácticas como: torturas, asesinatos, aislamientos prolongados, tratos crueles e inhumanos, falta de atención médica (lo más grave a personas con enfermedades crónicas degenerativas).
En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), particularmente a través de su Tercera Visitaduría General en materia penitenciaria, ha sido omisa en la atención y resolución de múltiples denuncias por violaciones a derechos humanos de PPL´S en los CEFERESOS.
A pesar de las visitas de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-Derechos Humanos) a penales federales y estatales, las condiciones del sistema penitenciario mexicano continúan siendo contrarias a los principios constitucionales y convencionales.
Como el incumplimiento de las 122 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), adoptadas en 2015 por el Estado mexicano. Estas normas internacionales establecen estándares mínimos para garantizar el trato digno, prohibir la tortura, limitar el aislamiento, asegurar el acceso a servicios médicos equivalentes a los de la población en libertad y garantizar el contacto con el exterior.
El incumplimiento de dichas reglas representa una violación directa al artículo 1° constitucional, el cual obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los tratados internacionales.
Las cárceles en México continúan operando bajo esquemas autoritarios que obstaculizan cualquier proceso real de reinserción social. Lejos de evolucionar, el sistema penitenciario ha permanecido estancado, reproduciendo prácticas que vulneran la dignidad humana.
Por todo lo anterior, se hace un llamado urgente para que la CNDH que garantice el respeto irrestricto de los derecho humanos en el sistema penitenciario federal y que se cumplo los siguientes puntos:
- Garanticen el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
- Que respeten la libertad de expresión y de asociación de los familiares que presenten quejas y denuncias, por las violaciones a los derechos humanos de los PPL´S y que no se tomen represalias en contra de los internos.
- Que se termine la violencia de género en contra de las mujeres que denuncian y protestan por los malos tratos que reciben en las visitas de los PPL´S.
- Cumplan con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales, en particular las Reglas Mandela.
- Revisen y corrijan las prácticas de traslados arbitrarios.
- Fortalezcan el sistema de salud penitenciario.
- Implementen verdaderos programas de reinserción social.
- Aseguren la actuación efectiva de los organismos de supervisión, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El sistema penitenciario mexicano requiere una transformación profunda e inmediata, la CNDH no debe seguir en una actitud pasiva, convalidando las graves violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad.
Ztb
