Consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), hicieron una defensa del régimen de partidos políticos, el modelo de financiamiento público y el sistema de fiscalización, que han contribuido al desarrollo y consolidación de la democracia.
Durante la discusión de la aprobación de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los partidos políticos correspondientes al 2018, y ante la discusión en la Cámara de Diputados de diversas iniciativas de reforma constitucional que afectarían el sistema de partidos, consejeras y consejeros advirtieron que algunas de esas propuestas debilitan la rendición de cuentas y el régimen democrático, tales como la condonación de multas a los partidos políticos, la eliminación de la obligación de tener un padrón de militantes actualizado y confiable, así como la posibilidad de que los partidos puedan ejercer los recursos del financiamiento público en fines distintos a los establecidos en la Constitución.
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, recordó que un sistema de partidos robusto es un sistema de partidos más fiscalizado y más responsable de cara de la sociedad. Por ello, no deben construirse por la vía legislativa mecanismos que aligeren la transparencia debida para los propios partidos en el ejercicio de los recursos que la sociedad les confiere, y mucho menos para abrir las puertas al manejo discrecional de esos recursos.
“Los partidos políticos son entes públicos que tienen una finalidad específica: ser mecanismos de acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público y la participación democrática, y por ello no pueden ejercer gasto en productos o servicios que no tengan un objeto partidista”, explicó Córdova.
“El dinero de los partidos es indispensable para tener un sistema de partidos fuerte, pero el dinero a los partidos debe ser utilizado para eso, para fortalecer al sistema de los partidos. Hay otras responsabilidades que, si bien es indispensable atender, corresponden a otros entes del Estado”, añadió.
Córdova afirmó que, hoy más que nunca, se necesitan partidos fuertes, competitivos y que tengan condiciones de equidad para el acceso al poder político.
No se vale la eliminación de multas a partir de un indulto: Pamela San Martín
La Consejera Pamela San Martín advirtió que, de prosperar este tipo de propuestas, la reducción de las prerrogativas de los partidos políticos –que se discute en la Cámara de Diputados– habrá sido una simulación absoluta, ya que por un lado se reduce el financiamiento para actividades ordinarias, pero por otro, se incrementan los recursos para gastos de campaña.
Además, agregó, en algunas propuestas de legisladores en la Cámara baja se otorgan concesiones a los partidos, como la no devolución de remanentes o la eliminación de causales de multas, lo que impediría que el Consejo General conozca y sancione asuntos como Pemexgate o Amigos de Fox.
“Pareciera que todas las fuentes de agravio que han tenido con sanciones impuestas a partir de conductas irregulares es muy fácil librarlas, quito la irregularidad de la Constitución. No me gusta que no me dejen dar dádivas, no me gusta que no me dejen tener estructuras corporativas, pues establezco en la Constitución que puedo dar dádivas y que puedo tener estructuras corporativas. No me gusta que me multen porque no tengo un padrón de militantes confiable, pues, ¿por qué no?, elimino el padrón de militantes. No me gusta que les exijan a mis órganos internos, pues elimino a mis órganos internos”, dijo la Consejera San Martín.
Añadió que aprobar un indulto constitucional desde el Congreso de la Unión impediría que se cumplan las reglas establecidas previamente.
Estamos ante un riesgo de consecuencias graves para la democracia
El Consejero Ciro Murayama advirtió que si los partidos políticos acuerdan validar mediante una reforma a la Constitución el ejercicio del dinero que reciben en tareas de gestión social, estarían permitiendo la entrega de dádivas y la compra de voto.
Respecto a la propuesta de desaparecer sus obligaciones de tener un padrón de militantes y su estructura orgánica, dijo: “sería equivalente a desaparecer el sistema de partidos tal como lo conocemos y construir agencias de colocación política; eso sería un retroceso mayor para la democracia mexicana”.
El Consejero Marco Antonio Baños estableció que es preocupante el régimen transitorio de la iniciativa que establece la desaparición o condonación de las sanciones impuestas a los partidos por la vía de un indulto constitucional.
“Son infracciones cometidas por los propios partidos en el ámbito local o en el ámbito federal, pero se ve francamente grotesco que, por la vía de una modificación constitucional, se eliminen las multas y esto sería contrario también al equilibrio de poderes, son decisiones judiciales que ya están firmes con relación a estos temas”, dijo.
“No me parece ético, no me parece presentable, no me parece decente de los partidos políticos que han venido trabajando por la conformación de un sistema electoral sólido, creíble en nuestro país”, concluyó Marco Baños.
La Consejera Claudia Zavala argumentó que una de las debilidades en nuestra democracia es que sean los partidos políticos quienes acuerden las reglas que les serán aplicadas a ellos mismo.
“Un partido político no puede tener como finalidad la gestión social, porque de allá venimos; los partidos políticos con esas dádivas entonces generaban los votos a favor, pero hoy se está autorizando desde nuestro máximo consenso para la armonía y paz social que es la Constitución, lo que me parece, debilita los 40 años que llevamos construyendo nuestra democracia”, señaló.
Reformas permitirían la compra de votos
El Consejero Jaime Rivera señaló que una reforma que permita el ejercicio de gasto sin objeto partidista fomentaría el clientelismo más descarado, las dádivas y la compra del voto, que hoy constituyen un delito electoral.
“Convertiría a los partidos en oligarquías, oligarquías sin militancia, sin representación social necesaria y simplemente haría de los partidos algo completamente diferente al sistema democrático”, dijo.
Agregó que se trataría de un retroceso gravísimo de todo el sistema democrático de México que lo llevaría a condiciones anteriores a la reforma política de 1977, con un partido hegemónico que controle todo el gobierno y algunos partidos que recibirían financiamiento.
