La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que define a la violencia política en razón de género como toda acción u omisión ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, la toma de decisiones y la libertad de organización.

El documento avalado en lo general, por 419 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de Partidos Políticos, en Materia de Delitos Electorales, así como las orgánicas de la Fiscalía General de la Republica y del Poder Judicial de la Federación.

Por 416 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó el documento en lo particular, con modificaciones impulsadas por las juntas directivas de las comisiones de Igualdad de Género y de Gobernación y Población a los artículos 20 bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 3, 7 y 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 3 y 26 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Lo aceptado por el Pleno, en lo particular, agrega que la violencia política podrá manifestarse en cualquiera de sus tipos reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Amplía las formas en que podrá hacerse, al contemplarse: presión o cualquier acto u omisión que tenga como consecuencia la solicitud, separación o renuncia de la candidatura, del cargo al que fue electa o el que se encuentra desempeñando.

Precisa que dicha violencia podrá manifestarse en cualquiera de sus tipos reconocidos en la ley, a través de la descalificación, ridiculización, bromas hirientes, restricción del uso de la palabra, agresiones verbales, descalificación de sus aportaciones, hostigamiento, coacción, obstaculización de su trabajo, ataques físicos y psicológicos.

También incluye el acoso y hostigamiento sexual, amenazas, intimidación, difamación, presión o cualquier acto u omisión que tenga como consecuencia la solicitud, separación o renuncia de la candidatura, del cargo al que fue electa o el que se encuentra desempeñando, así como en cualquier tipo de discriminación y menoscabo de la autoridad de las mujeres.¡

Le corresponderá al Instituto Nacional Electoral (INE) promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres; incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias durante los procesos electorales y, sancionar las conductas que constituyan violencia política en razón de género.

También establece que la paridad de género será la igualdad entre mujeres y hombres, siendo la asignación del 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramiento de cargos por designación; la integración de las presidencias municipales, concejalías, regidurías y sindicaturas deberá conformarse garantizando el principio de paridad de género, y se crea la Comisión de Paridad e Igualdad de Género en el Consejo General del INE.

Asimismo, se faculta a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica a realizar campañas de información para la prevención y erradicación de la violencia política por razón de género, y capacitar al personal que labora en el INE, organismos públicos locales e integrantes de mesas directivas de casillas, a fin de prevenir y erradicar la violencia política de género.

En el caso de las diputaciones, señala que de las cinco listas de circunscripción electoral, al menos dos deberán estar encabezadas por fórmulas de un mismo género, alternándose en cada periodo electivo; tratándose de las senadurías, la lista deberá encabezarse alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. En la asignación de las diputaciones y senadurías se garantizará el principio de paridad de género.

Será obligación de los partidos políticos sancionar, por medio de los mecanismos y procedimientos internos, todo acto relacionado con la violencia política de género; se determina que la Fiscalía General de la República requerirá crear la Base Estadística Nacional de Violencia Política de Género.

En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada María Wendy Briceño Zuloaga, expresó que el dictamen deriva de nueve iniciativas promovidas por 40 legisladoras y legisladores, y le abre la puerta a todas aquellas que en su pleno ejercicio tengan derecho a gobernar. “Esto sólo se puede garantizar si reconocemos en primer orden de ideas a la violencia política como una modalidad de agresión hacia las mujeres, definida como violencia política en razón de género”.

Mencionó que los cambios en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales permitirán definir la violencia política en razón de género e implementar el principio de paridad de género en la conformación de los órganos de dirección, poder y mando del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales.

Establece los criterios de no discriminación, cuya definición se armoniza con la establecida en la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación; faculta al consejo general a vigilar y velar por la aplicación de las disposiciones en materia electoral y que éstas se emprendan con perspectiva de género.

En la Ley General de Partidos Políticos se reconoce la igualdad sustantiva; aplica el principio de paridad de género, el impulso de liderazgo político de las mujeres y la implementación de prevención, atención y sanción de violencia política en razón de género, mientras que en la Ley General en Materia de Delitos Electorales se señala como agravante al catálogo de faltas existentes, quien al ejecutar los delitos previstos provoque a su vez la violencia política en razón de género.

Las modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República crean la base estadística nacional de violencia política en razón de género, así como la conformación de comisiones especiales en el tema. En la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se prevé que el Tribunal Electoral y sus salas deberán integrarse en estricto apego al principio de paridad.

“La violencia política feminicida no es y nunca será el costo del ejercicio de nuestros derechos. La justicia que queremos y merecemos no es obtener el cargo público sin competir, es competir sin temor. Demandamos la construcción de nuevas relaciones políticas basadas en planos de igualdad y seguridad para que hombres y mujeres podamos ejercer nuestros derechos”, añadió.

Por la Comisión de Gobernación y Población, su presidenta, diputada Rocío Barrera Badillo, expuso que desde que se comenzó a analizar el rol de la mujer en la construcción de la nación, en 1931, y hasta la fecha, mucho se ha logrado, particularmente en la última década en que el Estado ha ido adoptando, pese a mucha resistencia, cambios fundamentales que replantean el rol femenino en la sociedad.

La lucha por la paridad en todos los aspectos, pero principalmente en lo laboral, económico y político se empieza a reflejar en el andamiaje jurídico, abonando al saneamiento de una deuda muy añeja pero también vigente. “Hoy daremos un importante paso para resolver el grave problema de la violencia política en razón de género”.

México ha tenido avances sustantivos en lo que toca a los derechos políticos de las mujeres; sin embargo, frente a cada reforma, conquista y lucha ganada, hay quienes minimizan los logros señalando que la mayor parte del problema no se encuentra en la legislación, sino en la forma en que la realidad de derechos se convierte en hechos.

Indicó que sancionar la violencia política de género resulta de la mayor trascendencia, porque permitirá procurar el adecuado ejercicio de los derechos políticos de la mujer.

“Hoy la violencia política puede suceder en distintos espacios y actividades que implican la organización político-social, ya sea en instituciones del Estado durante los procesos electorales, al interior de los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales, en los sindicatos o a través de los medios de comunicación”, añadió.

Puntualizó que es inaceptable cualquier expresión de violencia en las etapas que conforman la trayectoria pública o política de las mujeres, así como el arraigo que se tiene sobre la percepción del poder masculino. “La erradicación y sanción de la violencia política en razón de género debe ser compromiso del Estado en su conjunto”.

En los posicionamientos, la diputada Laura Martínez González (Morena) expuso que la violencia política hacia las mujeres no puede seguir siendo normalizada al interior de los partidos. “Esta agresión no debe seguir siendo proporcional al incremento de la participación política de las mujeres, ni el lenguaje sexista, ni las amenazas, ni el escamoteo de derechos, ni la violencia económica, sicológica o física, mucho menos, el feminicidio”.

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