Con la resolución de 644 procedimientos especiales sancionadores, 370 Procedimientos Sancionadores Ordinarios, 134 acuerdos de medidas cautelares y 116 quejas en materia de Violencia Política por Razones de Género, el Instituto Nacional Electoral (INE) cumplió con la misión de realizar un arbitraje que garantizó los derechos políticos de todos los actores y una campaña en equidad, afirmó el Presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, Ciro Murayama Rendón.
Al encabezar la Mesa: “Arbitraje en la Elección”, sostuvo que a pesar de la pandemia y de la situación económica, “México tuvo una contienda electoral genuina, estuvieron a la vista de todos los ciudadanos las distintas opciones políticas, las críticas y reivindicaciones entre ellos para que este domingo la ciudadanía salga a votar”.
Acompañado de las consejeras Adriana Favela Herrera y Claudia Zavala Pérez, así como del Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Carlos Alberto Ferrer Silva, el Consejero Murayama mencionó que, derivado de las violaciones a la Constitución, desde el 2007 los Presidentes de la República son objeto de procedimiento.
“En el caso del Presidente Felipe Calderón se le iniciaron a lo largo de su sexenio, 31 procedimientos; contra el Presidente Peña Nieto fueron 14 y en el actual sexenio se han iniciado 82 procedimientos contra el Presidente López Obrador”, mencionó.
A nivel nacional se abrieron 644 Procedimientos Especiales Sancionadores, donde el partido que presentó el mayor número de quejas fue Acción Nacional, seguido del de la Revolución Democrática y Morena. En tanto, los más denunciados fueron Morena, PAN y PRI, señaló Carlos Ferrer.
Los temas más denunciados, dijo, fueron violaciones al artículo 134 de la Constitución que tiene que ver con la imparcialidad en el uso de los recursos públicos para no influir en la equidad de la contienda, propaganda gubernamental con fines personales, actos anticipados de campaña, adquisición de tiempos en radio y televisión, aparición de menores en propaganda electoral, calumnia, coacción, difusión de propaganda gubernamental e incumplimiento de medidas cautelares, uso de programas sociales, así como de símbolos religiosos y violencia política en razón de género.
Ferrer destacó la firmeza de las resoluciones, pues de los 132 acuerdos emitidos por la Comisión de Quejas y Denuncias, 126, es decir, 95.45 por ciento “tienen el nivel de firmeza jurídica, pues solamente en seis ocasiones han sido revocados por el Tribunal Electoral, lo que representa el 4.48 por ciento”.
En su intervención, la Consejera Adriana Favela Herrera dejó en claro que en el INE hay “cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres por razón de género”.
Mencionó que, si bien en estas elecciones no se han detectado promocionales de partidos políticos pautados en radio y televisión que generen violencia, se recibieron 116 denuncias reiteradas por comentarios en contra de candidatas en redes sociales, que implicaban violencia simbólica o psicológica, por lo que fueron procedentes las medidas cautelares y se ordenó a Facebook y a Twitter que se bajaran de la red.
“El criterio de congruencia que se lleva en la Comisión de Quejas es lo que ha generado un alto índice de confirmaciones en el arbitraje electoral”, afirmó la Consejera Claudia Zavala.
Atribuyó el mayor número de quejas contra el Presidente, al nuevo modelo de comunicación que empezó a funcionar desde el primer día de la Presidencia de la República a su confluencia con la realización de procesos electorales locales y a la interpretación legal que ordenó que se suspendiera “La Mañanera” durante las elecciones de Coahuila e Hidalgo.
“Uno hubiera esperado que en congruencia con esa determinación durante las campañas no tuviéramos “Las Mañaneras”, pero pues fue una determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial”, así como la medida cautelar revocada en diciembre cuando el INE pidió al Presidente no intervenir criticando a partidos políticos, agregó el Consejero Murayama.
De cara al Proceso Electoral 2024 consideró importante que se reivindique el deber de neutralidad de los gobernantes a fin de garantizar la equidad en las elecciones.
