El Instituto Nacional Electoral (INE) ha construido un entramado normativo que busca garantizar la realización de procesos electorales incluyentes y que garanticen el ejercicio de los derechos políticos de toda la ciudadanía.
Así lo establecieron la Consejera Norma De la Cruz Magaña y el Consejero Jaime Rivera Velázquez, al participar en el Ciclo de Conferencias: Guía para la Acción Pública, con el tema “Participar y organizar el proceso electoral”.
En su intervención, la Consejera De la Cruz precisó que esta Guía de Acción Pública elaborada en el 2018, se mantiene vigente y se sigue aplicando, ya que aborda elementos sustantivos para lograr procesos electorales incluyentes y el ejercicio de los derechos políticos de toda la ciudadanía.
“En los procesos electorales se tiene una vía pacífica para hacer los cambios que se requieren. Es un constante ejercicio de construcción, de observación y de ir ejerciendo los derechos, es un ejercicio colectivo que nos va a llevar a una sociedad incluyente”, subrayó.
Mencionó que en el proceso electoral 2021, el INE aplicará por primera vez el principio de paridad de género en todas las candidaturas, así como acciones afirmativas “que buscan resarcir y visibilizar aquellos grupos sociales históricamente discriminados”.
En esta elección habrá un mayor número de candidaturas para personas indígenas, se impulsa y promueve la postulación de candidaturas afromexicanas, de diversidad sexual y de género, además de que, por primera vez, los mexicanos residentes en el exterior podrán votar por una Diputación Migrante.
“Buscamos fortalecer la calidad del proceso electoral y que todas estas acciones de inclusión tengan un efecto real, concreto, que se va a ver no sólo en la participación de la ciudadanía el día de la elección, sino también en el número de puestos y posiciones que todas estas medidas afirmativas están buscando que tengan una representación real”.
Democracia no sólo son elecciones libres, sino igualdad de derechos
El Consejero Jaime Rivera Velázquez destacó que en la organización de las elecciones “hay un inmenso esfuerzo institucional a cargo de autoridades electorales autónomas con un sobrecargado entramado normativo -la Constitución, leyes, reglamentos y protocolos- que, en conjunto, garantizan la imparcialidad y la transparencia de las elecciones”.
“Todo ello, orientado a hacer efectiva la libertad y la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos, con una perspectiva y compromiso claro de inclusión” de aquellos grupos sociales que han estado en condición de discriminación y de falta de oportunidades para ejercer sus derechos políticos”, agregó.
En retrospectiva, subrayó el Consejero Rivera, se ha impulsado un conjunto de acciones de carácter democrático como la igualdad sustantiva, la inclusión de grupos sociales excluidos y la atención a personas en condiciones de vulnerabilidad “para garantizar que la democracia no sólo sean elecciones libres, sino igualdad de derechos y de oportunidades con un principio esencial como es la no discriminación”.
Al moderar el evento virtual, la Vocal Ejecutiva del Distrito 04 de Querétaro, Luisa Rebeca Garza explicó que la Guía se compone de diversos elementos como procesos electorales incluyentes, el derecho a ser votado, la participación ciudadana en consejos electorales y acciones relacionadas con el ejercicio de los derechos políticos de todas las personas.
En su intervención, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, Marcela Ávila-Eggleton enfatizó la enorme responsabilidad que tiene la autoridad electoral en la organización de los comicios y que se nota sólo cuando hace falta algo.
“Si no se tienen políticas y acciones claras para garantizar que toda la ciudadanía pueda participar, se vuelve mucho más evidente y tenemos que preservar lo que ya está e impulsar otra serie de acciones”, abundó.
La Guía da la posibilidad de evaluar la agenda de no discriminación en el terreno político-electoral, consideró el profesor e investigador la Universidad Autónoma Metropolitana, Jesús Rodríguez Zepeda.
Puntualizó que el tema de “Participar y organizar el proceso electoral” forma parte de una serie de cuatro que integran la Guía y que muestran cómo en distintas fases de la experiencia electoral, incluida en la organización se puede articular la exigencia constitucional de no discriminación.
Finalmente, la directora de Estudios y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Mireya del Pino Pacheco, reconoció el trabajo realizado por las autoridades electorales para corregir las desigualdades que viven estos grupos y favorecer el acceso a sus derechos políticos.
“La Guía de Acción Pública es muy clara en impulsar estas medidas igualitarias para que la participación ciudadana sea real en condiciones de igualdad”, dijo; sin embargo precisó que pese a estos avances, el desafío es enorme y es importante transformar el paradigma estructural discriminatorio que da origen a las prácticas discriminatorias.
