Caravana de defensoras de derechos humanos visita a Ocosingo, Chiapas

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Foto: Especial

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) llamó a organismos defensores de los Derechos Humanos (DH) a denunciar el riesgo de crímenes de Estado contra compañeros del municipio de Tila, Chiapas, tras hostigamiento policíaco por la toma de la ex guardería, denunció el Comité Cerezo México.

Ante ello una caravana de observación de defensoras de DH acudió a la comunidad de Río Florido, para documentar las violaciones, informó en conferencia celebrada ayer, el Centro Nacional de Comunicación Social en la CDMX, junto con integrantes de la Red de Organismos Civiles “Todos los derechos para todos y todas” y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.

Por su parte, el Comité urgió acciones ante lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de DH ratificados por México, en protesta a violaciones con la participación de la Guardia Nacional (GN), tras dos desalojos con gas y balas de goma contra la población que exigían la libertad de González Díaz, sin importar la presencia de mujeres y niños.

El 28 de junio, asesores del presidente municipal, Limber Gregorio Gutiérrez Gómez, se presentaron en el Ministerio Público (MP) quejándose contra el FNLS; el 2 de julio una barda decía “Fuera FNLS putos lacras”, hubo disparos; y el 6 de julio se instaló un retén policíaco frente a la Casa Comunal tras incursiones militares en el ejido El Recreo.

Al día siguiente, el marino y militante del  partido Verde Ecologista, Juan Milton Cruz Pérez, amenazó de muerte a Mario Cruz Guzmán, por lo que el FNLS denunció que el paramilitarismo sigue en la región apoyó la campaña política del actual presidente municipal.

“Mientras el gobierno federal respalda a Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, nuestros compañeros son amenazados”, dijo.

El 19 de junio fue asesinado Mario Moreno López; el 18 de julio Javier González Díaz fue torturado 27 horas y presentado al MP gracias a la presión social; ahora encarcelado por autoridades que en 5 horas recibieron de organizaciones de DH internacionales e nacionales 128 correos que lo mantuvieron vivo; ese mismo día, Domingo Gómez Sántiz y Juan Calixto Gómez Sánchez fueron atacados con armas de fuego en la carretera.

El 25 de julio el Comité convocó un mitin frente a Palacio Nacional para exhortar al Gobierno de Chiapas garantice los derechos a la verdad y la justicia. Además de no usar la Guardia Nacional para inhibir la protesta: “solicitamos su intervención para honrar la palabra del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de que el Gobierno Federal no reprime”.

Sin embargo, el gobierno local emitió un comunicado donde criminaliza las acciones de los integrantes del Frente: “Ante múltiples bloqueos y saqueos que han realizado la organización FNLS en el tramo carretero Altamirano-Ocosingo […] El Ayuntamiento ‘Un Gobierno para Todos’ que dirige el Presidente Municipal Roberto Pinto Kanter […] ha establecido un puesto de control operativo BOM a la altura del panteón con la participación de 35 elementos de la Policía Municipal y 12 elementos del Ejército Mexicano”, narró un comunicado.

Mientras que la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” llamó al diálogo con los habitantes indígenas, miembros del FNLS; al campesino Javier González “se le fabricaron acusaciones de robo de motocicleta y portación de arma de fuego para ocultar las violaciones a sus DH”.

El 25 de julio el gobierno chiapaneco citó a una comisión que a decir del FNLS fue sólo para justificar que existe diálogo pues no fueron recibidos. Para el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, “no se puede hablar de una organización que defiende los DH, si son ellos mismos quienes violan éstos poniendo en riesgo la integridad física de los habitantes. La corrupción no será nuestra forma de trabajo”.

Gabriela Zepeda Soto, funcionaria de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana “sostiene que si no hay solución, se aplicarán la Ley”, reveló la Red Nacional conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República.

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