Diputados hacer ver a la secretaria de Bienestar Social que la política pública de bienestar “no está funcionando”

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Diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC, PES, PVEM y PRD interrogaron a la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González, sobre el censo de beneficiarios de los programas sociales, la entrega de apoyos a adultos mayores, personas con discapacidad y estancias infantiles.

Durante su comparecencia, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno, la funcionaria enfatizó que el programa relativo a las estancias infantiles “no fue cancelado y solamente hubo una modificación en la mecánica operativa porque estamos haciendo una nueva política social sin intermediarios”.

Mencionó que la subsecretaría de Desarrollo Social y Humano revisó el padrón de estancias de niñas y niños beneficiarios y resultó que 84 mil 249 menores no pudieron ser localizados.

Resaltó que el pasado 25 de julio, la propia subsecretaría presentó una denuncia de hechos en el órgano de control interno por posibles actos de corrupción efectuados por funcionarios públicos de la entonces Sedesol, que pudieron constituir un posible quebranto patrimonial por más de 900 millones de pesos.

Afirmó que el programa de Estancias Infantiles se reformó para que los hogares reciban los apoyos sin intermediarios. “Con esto se busca reducir la desviación de recursos y se otorga a las madres o padres trabajadores la oportunidad de elegir la mejor atención y cuidado de las niñas y niños bajo su responsabilidad y conforme con las características particulares que ellos estén buscando para el cuidado de sus hijos”.

En la primera ronda de preguntas, respuestas y réplicas, la diputada Mónica Almeida López (PRD) inquirió por qué se tienen dispersos en distintos programas y secretarías los 400 mil millones de pesos para mejorar el bienestar de los mexicanos en condiciones de vulnerabilidad; porque esto “facilitaría que cualquiera de los administradores pueda omitir reglas de operación o manejar de manera discrecional esta suma millonaria de recursos”.

Enfatizó que la política pública de bienestar “no está funcionando” y refirió que, de acuerdo con el diagnóstico del Instituto Mexicano de la Competitividad, se detectó que cuatro de los cinco programas con mayor presupuesto no tienen claridad en las reglas de operación y, al contrario, “se han convertido en transferencias monetarias no condicionadas, por lo tanto, imposibles de evaluar”. También preguntó sobre el recorte al presupuesto destinado a personas con discapacidad.

Por el PVEM, el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez refirió que el programa Sembrando Vida ha recibido críticas y existe incertidumbre sobre su efectividad, viabilidad económica y ambiental. Por ello, preguntó si se tiene una primera evaluación sobre su impacto social; cuáles serían los estados a beneficiarse y el monto de inversión presupuestado y la superficie aproximada.

Asimismo, ¿cómo se piensa llevar a cabo la comercialización de los productos generados y si se crean las cadenas de distribución local y regional adecuadas? Además, ¿existe un plan de trabajo coordinado con algunas instituciones ambientales para garantizar que no haya efectos negativos en contra del medio ambiente?

La diputada Adriana Lozano Rodríguez (PES) comentó que el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es aceptado como un logro, pero “lamentablemente” muchos no han recibido los apoyos; por lo que pidió que haya una mejor coordinación en el levantamiento del padrón y canalización de los recursos. Interrogó cuáles serán las acciones para una entrega de los apoyos para las personas con discapacidad.

De la misma bancada, la diputada Elba Lorena Torres Díaz consideró que no se ha crecido conforme a lo planeado, “pero hemos redistribuido más y mejor; para el siguiente año tenemos confianza en que habrá estabilidad y crecimiento con desarrollo”. Afirmó que tanto niñas y niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad son receptores de los programas implantados para impulsar la igualdad y la justicia social.

De MC, la diputada Ana Priscila González García expresó su preocupación por el programa de Estancias Infantiles, ya que era dirigido a personas trabajadoras que no cuentan con seguridad social y cuyo ingreso se encuentre debajo de la línea de pobreza por ingreso de padres, madres y niños.

Preguntó si se analizó la posibilidad de llevar a cabo un esquema universal de guarderías gestionado por el Estado que beneficie a la población más pobre y no derechohabiente. ¿Cuáles son los controles que se implantan para que la entrega directa del recurso no sea objeto de corrupción; y qué indicadores se usaron para estimar que la nueva política de subsidios aumentaría el acceso al mercado laboral de las mujeres comparado con el esquema anterior?

La diputada Maricruz Roblero Gordillo (PT) mencionó que este gobierno ha asumido compromisos sociales, legales y éticos a fin de asegurar que todos los ciudadanos tengan una vida digna. Respecto de la cancelación del programa 3por1 cuestionó si tienen una evaluación del impacto por dicha cancelación y cuáles son los motivos para desaparecerlo.

Pidió información sobre qué sucederá con los clubes de migrantes que se encuentran en el extranjero. Reconoció que aún hay tareas pendientes por realizar para eliminar las viejas prácticas e inercias. “El Partido del Trabajo va de la mano para afianzar el esfuerzo para lograr mayor equidad en el país”.

Del PRI, la legisladora Laura Barrera Fortoul dijo que a ocho meses de haberse abrogado el programa de Estancias Infantiles aún no hay una propuesta que permita conocer cuál es la estrategia para el cuidado en la etapa más importante de las niñas y niños. Al respecto, preguntó sobre ¿cuántas madres llevan a sus hijos a espacios de cuidado infantil ahora que les entregan el recurso directamente? ¿Qué sucede con los 140 mil niños que se quedaron sin este apoyo?

De la misma fracción parlamentaria, la diputada Martha Garay Cadena, dijo que el presidente de la República y la secretaria del Bienestar, se comprometieron a entregar apoyos individuales de mil 274 pesos mensuales en 2019, a un millón de personas con discapacidad, lo que representaría un presupuesto de 15 mil 300 millones de pesos; sin embargo, se aprobaron ocho mil 500 millones de pesos para cumplir con una meta anual de 817 mil personas con discapacidad, lo que no corresponde al compromiso efectuado.

Mario Mata Carrasco, legislador del PAN, defendió el programa de Estancias Infantiles y dijo que atendía a 330 mil menores en 9 mil 500 estancias, daba empleo directo a más de 60 mil personas cumpliendo el principio constitucional del interés superior de la niñez. Sin embargo, al publicar las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras se abrogó, con lo que se violó toda normatividad y utilizó de manera ilegal el presupuesto aprobado por el Poder Legislativo para estancias infantiles.

Su compañera de bancada, diputada Cecilia Patrón Laviada expresó su malestar por la forma en que se ha implantado la política social en esta administración. Nos preocupa, agregó: “la falta de nombramiento del titular de la Conadis, el desmantelamiento del Indesol y la desaparición del Programa de Reinserción Social, así como la falta de reglas de operación en varios de los programas sociales prioritarios”. Ante ello, pidió legalizar las reglas de operación porque urgen políticas sociales eficientes en el combate a la pobreza.

Del grupo parlamentario de Morena, Lucio Ernesto Palacios Cordero recordó que la pobreza de hoy es consecuencia de injustas políticas económicas del pasado, y que los diputados de Acción Nacional no sólo presentaron los amparos, también entregaron como negocio las estancias infantiles a compadres, comadres, y a la estructura de su partido. “Esa es la realidad que tenemos que discutir”. Consideró que en este gobierno se acabaron los tiempos de la frivolidad, de las secretarias y secretarios de visión conservadora y de tiempos de la caridad hecha política”.

También de Morena, Jannet Téllez Infante expresó que los retos que enfrenta la Secretaría de Bienestar son inmensos. En los últimos 30 años el modelo neoliberal se enfocó en la participación del sector privado como único referente para el desarrollo económico y abandona por completo la economía social y solidaria.

Al dar respuesta, la secretaria María Luisa Albores González detalló que el apoyo de las estancias infantiles se continúa otorgando y con ello se garantiza el derecho de cuidado de las niñas y de los niños, así como de los derechos laborales de las madres y padres trabajadores. Aclaró que ninguna niña o niño que esté dentro del padrón del Programa Estancias Infantiles quedará sin protección.

Precisó que el apoyo para quienes son responsables del cuidado de las niñas y niños se entrega directamente a los hogares, sin intermediarios. Es un apoyo bimestral de mil 600 pesos a madres o padres, solos o tutores de niños de 1 a 4 años, y tres mil 600 bimestrales por cada infante con alguna discapacidad, de 1 a 6 años.

Agregó que ante el cambio en las reglas de operación del programa al 15 de septiembre de 2019, la Secretaría de Bienestar fue notificada de mil 609 juicios de amparo, de los cuales el 77 por ciento, o sea mil 246, fueron promovidos exclusivamente por las personas responsables de las estancias infantiles; 181 juicios fueron promovidos por madres, padres o tutores; 179 por madres o padres o tutores acompañados de las personas responsables de las estancias infantiles. Sólo un juicio fue promovido por una persona sola, y en 80 por ciento de los amparos ya resueltos no se les concedió la razón a los solicitantes.

Lo estados que más presentaron amparos son Chihuahua y Puebla, “casualmente, en Puebla la notificación de los amparos refería como domicilio la casa electoral del Partido Acción Nacional”, subrayó.

La funcionaria señaló que el censo de Bienestar es un mecanismo para validar y actualizar la información de los padrones de los beneficiarios que dejó el gobierno anterior y se realizaron visitas domiciliarias para validar esos padrones existentes. Se visitaron 22.6 millones de viviendas y se cuenta con información de 27.4 millones de personas censadas, las cuales podrían ser beneficiarias de algún programa integral para el bienestar.

Aclaró que la Secretaría del Bienestar está a cargo de cinco programas prioritarios, y otras dependencias aplican programas integrales que buscan aminorar y reducir esa desigualdad en los lugares con mayor pobreza.

María Luisa Albores enfatizó que la dependencia a su cargo se enfoca en quienes más necesitan ayuda. Las reglas de operación de los programas integrales establecen que son a los grupos de personas históricamente olvidadas a quienes se les dará prioridad.

La pobreza extrema se concentra en cinco estados: sureste de Chiapas con 29.7 por ciento; Guerrero tiene 26.8; Oaxaca 23.3; Veracruz 17.7, y Tabasco con 12.3 por ciento, por ello, la mayoría de los programas integrales de Bienestar están en estos estados.

Además, de las personas que habitan hogares indígenas, 23.7 por ciento viven en pobreza extrema; 9 de cada 10 niños de este sector está condenado a la pobreza; en zonas rurales, 16.4 por ciento de las personas viven en pobreza extrema, mientras que en las urbanas es el 4.5 por ciento.

“Todas las secretarías y dependencias trabajamos de manera conjunta y articulada para erradicar la pobreza”, enfatizó.

Albores González informó que los pagos de los programas son dispersados con ayuda del Banco de Bienestar, antes Bansefi y, de esta forma, “nos estamos sumando a la estrategia de bancarización del país para incluir a todas las personas, sobre todo aquellas que viven en zonas aisladas y hemos hecho operativos para identificar a aquellas que no cuentan con su tarjeta, para que les sean entregadas”.

Subrayó que en el caso de los adultos mayores que no hayan acudido a cobrar su pago en un periodo, se reexpide y se plantea el que cobren dos bimestres en una sola exhibición. Detalló que hasta el cuarto bimestre de 2019 se tienen ya ocho millones 38 mil 228 personas adultas inscritas en el programa, lo que representa el 94 por ciento de la meta.

Respecto de las personas con alguna discapacidad, sostuvo que se hace una priorización en el presupuesto, por ello se apoya a las niñas, adolescentes y jóvenes. Reconoció que “el presupuesto como tal no alcanza, nos gustaría llegar a todas las personas con alguna discapacidad, pero tenemos que priorizar”.

Explicó que el programa Sembrando Vida se sustenta en dos principios importantes. Uno es la agricultura orgánica, porque se habla de reforestación y restauración productiva y “no vamos a contaminar con agrotóxicos, sino a regenerar suelo y biodiversidad”. El otro, es fomentar la economía social y solidaria, “por eso hablamos de que el 10 por ciento del pago en efectivo que está recibiendo el sembrador y la sembradora va a un ahorro”.

En ese sentido, agregó, reciben cuatro mil 500 pesos en efectivo y 500 pesos en un ahorro para ellos con el objetivo de generar inclusión financiera real en estas comunidades, ejidos y rancherías.

En relación con el programa 3X1 para Migrantes, apoya iniciativas de organizaciones de este sector para realizar proyectos de coinversión que contribuyan al desarrollo de sus localidades de origen.

María Luisa Albores dijo que trabajan para construir una política social incluyente, transversal. Reiteró que el programa Sembrando Vida está dirigido a reconstruir el tejido social, que se comparte con países como El Salvador, Honduras y próximamente Guatemala, ya que enfrentan las mismas características de personas que migran por necesidad.

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