En medio de los desencuentros que se han registrado, básicamente con el presidente del órgano, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) advirtieron que defenderán la autonomía e independencia del máximo tribunal electoral de cara a la calificación e impugnaciones de las elecciones del pasado 6 de junio. La premisa es que la revisión de esta jornada electoral dejará en claro que el TEPJF no es un órgano a modo del gobernante, algo de lo que se ha acusado al magistrado presidente José Luis Vargas.
El último desencuentro grave fue la intención de Vargas de que los magistrados den a conocer su voto antes de las sesiones.
Durante el Foro Nacional la labor de los tribunales en la calificación de las Elecciones 2020-2021, organizado por la Asociación de Tribunales especializados mexicanos, los magistrados, que han lanzado claras señales de no querer plegarse a decisiones desde la Presidencia del Tribunal que parecen ir en consonancia con el Ejecutivo federal, señalaron en sus ponencias que no hay cabida para la influencia de factores externos e internos, sus decisiones y resoluciones se basan en la cohesión de la mayoría de las magistradas y los magistrados.
En su participación, la magistrada Janine Otálora Malassis, subrayó que se ha demostrado que las instituciones electorales funcionan y funcionan bien, “fue un despropósito que hace algunas semanas algunos hayan propuesto regresar sus funciones al gobierno, en lugar de fortalecer y respaldar a las instituciones ciudadanas que nos han costado décadas construir a las y los mexicanos”.
Por su parte, el magistrado Indalfer Infante Gonzales señaló que los tribunales deben privilegiar las formas cooperativas de debate, la construcción de consensos y el análisis conjunto.
El magistrado Infante Gonzales indicó que de ahí la importancia de establecer reglas que fortalezcan la cooperación judicial, garanticen la mayor libertad para la expresión de la voluntad de quienes integramos los tribunales electorales y permitan asumir la responsabilidad de la decisión como un acto personal expresado en la votación, pero como una expresión conjunta de voluntades a partir de la decisión del colegiado.
En su oportunidad, el magistrado Felipe Fuentes Barrera manifestó claramente: “No resolvemos con criterios de oportunidad política, bajo presiones, coyunturas o agendas partidistas, sino con bases objetivas e imparciales”.
“Hoy lo digo de manera clara y contundente: las magistradas y magistrados de Tribunal asumimos con plena entereza nuestra responsabilidad y nuestra labor independiente, aunque genere críticas y descontentos, porque entendemos que nuestra labor, como juezas y jueces constitucionales, no está orientada por la popularidad de nuestras sentencias, sino por la legitimidad que otorga el ejercer funciones con ética y sostén jurídico, siempre dentro de las facultades que nos permite la Constitución”, sentencio.
Felipe de la Mata Pizaña señaló que un tribunal actúa con independencia y autonomía cuando orienta su labor con base exclusivamente en la ley, cuando garantiza a las partes un proceso fundado en derecho, cuando lo hace sin subordinación a ninguna creencia política, presión mediática o instrucción jerárquica, interna o externa.
“La justicia electoral mexicana no busca el aplauso de los poderosos ni del poder público porque si en algo es valiosa la independencia y autonomía de la judicatura electoral es respecto del poder del gobierno o de las fuerzas mayoritarias que ejercen el poder político, que no pueden tener cabida alguna en ninguna de las determinaciones de los impartidores de justicia electoral. Eso obviamente no nos hace populares con los poderosos ni los gobernantes que incuso podrían hipotéticamente sentirse tentados a buscar una justicia electoral que no fuera autónoma a su modo”, sostuvo el magistrado Felipe de la Mata Pizaña.
Cuestionado por un presunto favoritismo a personajes de la 4T, Felipe Alfredo Fuentes Barrera consideró que “ser independiente e imparcial puede causar inconformidad en algunos actores políticos pues no siempre entienden que labor del Tribunal no es la de impulsar o simpatizar con algún proyecto, una candidatura o cierta ideología sino defender a la constitución y los derechos de la sociedad mexicana en su conjunto”.
