Con 6 votos en pro y cinco en contra, el Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó esta noche retirar el registro como candidato de Morena al gobierno de Guerrero al senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, por no presentar en tiempo y forma sus informes de ingresos y gastos de precampaña.
Lorenzo Córdova, consejero-presidente del INE, aclaró que este “no es un tema político, sino estrictamente jurídico y tiene que ver con la imposición de sanciones a una serie de irregularidades en materia de fiscalización, que han sido confirmadas por la máxima autoridad jurisdiccional de nuestro país”.
Afirmó que “el INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política y de ningún actor político, quien diga lo contrario, simple y sencillamente miente. El INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea, el INE está con la Constitución”.
Advirtió que “por eso a este INE, a estas consejeras y a estos consejeros electorales nadie los va a amedrentar, ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales.
Tenemos claro que se están desplegando estrategias claras de descalificación contra la autoridad electoral, a quienes las encabezan, les decimos que el INE no va a caer en las provocaciones que le hacen, porque no caeremos en la trampa de la profecía autocumplida de sostener que con este instituto no hay condiciones democráticas.
El INE, como árbitro de la contienda, está por encima de las partes y haremos se cumpla ley, ni más y menos”.
Aseveró que Salgado Macedonio violó la ley, porque si fue precandidato y realizó actos de precampaña, como lo estableció la sentencia del Tribunal Electoral y, como tal estaba obligado a presentar sus informes de ingresos y gastos de precampaña para que el INE fiscalizara la veracidad de lo reportado.
“Esos informes no se presentaron, o bien, se presentaron de manera tan extemporánea, que el efecto es el mismo que si no los hubiera entregado, es decir, se impidió que el INE pudiera fiscalizar los ingresos y gastos realizados. Ello a pesar de que el INE le requirió que presentara estos informes en varias ocasiones”.
Rechazó que el INE violara la garantía de audiencia del quejoso, ya que fue notificado en tiempo y forma, tanto que estaba obligado a presentar sus informes, como de los hallazgos encontrados con motivo de sus precampañas, los gastos encontrados con el fin de que alegara lo que a su derecho convenía.
El presidente del INE argumentó que “no cumplir con la obligación legal de presentar informes de precampañas, es una falta gravísima, para la que el legislador previó, incluso, una pena tan severa como la cancelación del registro de una candidatura.
Y lo es, porque no presentar dicho informe, además de pretender obstaculizar la fiscalización a cargo del INE, puede provocar en consecuencia un daño mayor en el sistema democrático, no sólo porque impide que se concrete un principio fundamental de la democracia, que es el de la rendición de cuentas, sino porque además afecta directamente la equidad de las contiendas”.
Recordó que la fiscalización tiene un doble propósito.
“Por un lado, busca garantizar que todos los recursos que se usan para financiar a la política, provengan de fuentes lícitas, es decir, que no se violen las prohibiciones que la ley establece.
Y por otro lado, que al respetarse los límites de gasto autorizado, exista una cancha pareja para todos los contendientes, que la contienda sea pues equitativa.
No entregar los informes respectivos, es una manera de impedir que esos dos propósitos se cumplan, porque obstaculiza que el INE pueda analizar oportuna e integralmente la totalidad de los movimientos bancarios, financieros y comerciales, que están respaldando las posibles candidaturas de un proceso electoral.
Se trata pues de una falta muy grave, porque abre la puerta a la opacidad en la contienda por los poderes públicos, porque impide la rendición de cuentas de los actores políticos y porque vulnera la equidad de las elecciones y la transparencia de nuestra democracia”.
Reiteró que el no presentar los informes impide una revisión exhaustiva, por parte del instituto, es decir, se busca impedir que la fiscalización se lleve a cabo, hay una intención de ocultamiento e imposibilita todo el proceso de verificación, auditoría y aclaraciones que supone un auténtico ejercicio de fiscalización.
“Una de las virtudes de la competencia democrática es que representa, o al menos, debería representar una contienda entre rivales leales a las reglas del juego.
Respetar la ley representa el piso mínimo de funcionamiento de una democracia constitucional y el punto de partida para la gobernabilidad democrática de quienes obtienen el triunfo en las urnas”, señaló Lorenzo Córdova.
