Plantean Semarnat y Procuraduría Agraria fin a protección de la última selva del país

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Dos funcionarios del gabinete de Andrés Manuel López Obrador comenzaron la promoción de lo que resultaría en la desaparición de las leyes que impiden que en la Selva Lacandona, en Chiapas, se asienten comunidades humanas.

Víctor Toledo, secretario de Medio Ambiente, y el procurador agrario Luis Hernández Palacios Mirón encabezan la postura de derogar el decreto que desde 1978 (con modificaciones en el 2000) impide la actividad humana y la explotación económica de este frágil ecosistema. Abiertamente pugnan por proyectos que implican la introducción de personas a estos bosques tropicales vírgenes.

La impresionante selva en Montes Azules, el territorio protegido bajo el título legal de Reserva Integral de la Biósfera, es el último bastión de un ecosistema biológicamente impresionante (insectos, aves, mamíferos mayores, árboles de altura y antigüedad notables, flores única, entre muchos otros aspectos) que alguna vez se extendió hacia Tabasco, Veracruz y Oaxaca.

El pasado sábado, con un eufemismo, la dependencia a cargo de Víctor Toledo anunció que sostuvo un “fructífero encuentro” con diferentes actores (agricultores y  representantes indígenas, incluidos) “en torno al futuro de la Reserva de la Biósfera Montes Azules en Chiapas”.

La propuesta mostrada por Toledo fue la de terminar con el concepto de Reserva Integral de la Biósfera y pasar a una biocultural, es decir, un espacio que combina la presencia del ecosistema, actividades educativas y de investigación, pero también turísticas y recreativas.  Los corredores bioculturales son una alternativa para recuperar ecosistemas en contacto con los seres humanos. Pero en el caso de Montes Azules ese componente humano no existe, al menos aún.

Cerrando la pinza en este proceso, está el procurador agrario Hernández Mirón, quien se reunió igualmente con representantes de las comunidades agrarias que rodean a la reserva Montes Azules. En dichas reuniones, tuvo un lugar José Jacobo Femat, líder de una organización agrarista que pugna por dotar de tierras nuevas a sus agremiados.

Tanto el titular de Semarnat como el titular de la Procuraduría Agraria, han avanzado en sus planes ignorando a la Secretaría de Gobernación, dependencia que abrió un proceso de diálogo intracomunitario para aquella región debido a que diferentes sectores de las comunidades locales, principalmente indígenas choles, tzeltales y de los propios lacandones, viven una división interna, así como la impugnación o duplicación en la elección de sus autoridades comunales.

Semarnat y la Procuraduría Agraria negocian con el bando comunitario que se muestra dispuesto a que Montes Azules se abra a la presencia de humanos.

El primer episodio en esta disputa por retirar la protección rigurosa a la Selva Lacandona es el intento por de­salojar las estaciones de monitoreo a cargo de organizaciones civiles, académicas y científicas (algo de lo que Crónica dio cuenta hace dos días).

Esos puestos de monitoreo son los que denuncian, y a lo largo de los años han evitado, invasiones en Montes Azules. Son, en los hechos, los ojos del conservacionismo ecológico en aquella región.

Las estaciones de trabajo, cuya operación se respalda por un convenio con la comunidad de indígenas lacandones, está tratando de ser desalojada desde hace 4 años por poblaciones que abiertamente pugnan por ocupar tierras en la Reserva Integral para iniciar cultivos e introducir ganado.

El viernes pasado, en un entorno de amenaza de desalojo violento a los investigadores de las estaciones, la Procuraduría Agraria envió una comunicación a los lacandones instruyéndoles a que sometan a asamblea el convenio… sólo que la legitimidad de esa asamblea, propensa a aceptar las invasiones, es la que los lacandones han desconocido.

En este panorama, el proyecto amlista, Sembrando Vida, destinado a plantar árboles frutales y maderable, ha llegado a la región. Las zonas en donde ya opera el programa está junto a la Reserva Integral, especialmente en la zona sur y hacia el municipio de Marqués de Comillas, fronterizo con Guatemala. La población beneficiaria es también la implicada por decidir el futuro de este ecosistema.

El cerco sobre la magnífica selva mexicana, la última, se  está cerrando.

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