Por JORGE PÉREZ RODRÍGUEZ Y PÉREZ Promotor de Políticas Públicas desde la Sociedad Civil
En la democratización de México, la búsqueda de libertades y de derechos fundamentales, se reformaron leyes e instituciones que generaron las condiciones de alternancia en el poder en el año dos mil y se establecieron mecanismos de democracia participativa como el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, la iniciativa popular y por supuesto la consulta popular.
La consulta popular es un instrumento de participación ciudadana que mediante la emisión del voto expresa su opinión sobre temas de trascendencia nacional y que su resultado es vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes, sólo si la participación total equivale como mínimo al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, es decir la consulta será vinculante si participan 37.5 de los 94 millones de electores.
El primero de agosto del dos mil veintiuno, el Instituto Nacional Electoral, llevará a cabo la consulta popular que solicitó el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que originalmente buscaba llevar a juicio a cinco expresidentes del País, por la presunta comisión de delitos durante sus gestiones; pero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar la constitucionalidad de la misma determinó que la justicia no se puede someter a consulta, por lo que en un animo de ser el puente que permita a todas la personas participar en las grandes discusiones nacionales, modificó la pregunta para consultar a los ciudadanos si se deben o no llevar “las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos” para garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas.
Con una participación ciudadana abrumadora y cansada de los gobiernos emanados del PRI y del PAN, en las elecciones celebradas en el año dos mil dieciocho, por primera vez MORENA, un Partido Político de izquierda accede al poder ganando la Presidencia de la República con la promesa de acabar con la corrupción y la impunidad, por lo que la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes cuenta con una alta aprobación. Sin embargo, las condiciones económicas por las que atraviesa el país, así como los problemas de la pandemia, han generado rechazo de la población a la consulta por el alto costo económico de 522 millones, que bien pudieran destinarse a temas urgentes, en congruencia con la austeridad que caracteriza a la presente administración.
Que la ciudadanía opine en temas de interés nacional es parte de la cultura política que la sociedad mexicana requiere para alcanzar la democracia representativa y fundamental para mantenerla, en virtud de que durante décadas las opiniones en asuntos públicos fueron de una élite política y de los Partidos Políticos que olvidaron el vínculo de la sociedad y el gobierno para influir en las políticas públicas, fomentando la apatía en el pueblo.
La responsabilidad del Gobierno debe ser fomentar la cultura política de la sociedad mexicana que tiende a no interesarse en la política ni en las practicas ciudadanas, por lo que la educación, mantener informada a la ciudadanía y sobre todo la rendición de cuentas, resultan importante para socializar el poder. De no hacerlo se corre el riesgo de mantener la apatía que por muchos años permeo en el País, haciendo imposible la consolidación de la democracia y que unos cuantos que tienen acceso a la información sigan opinando para sus propios intereses.
Es imprescindible adecuar la normatividad respecto al porcentaje de electores que se requiere para que la consulta popular sea vinculante, considerando que el 40% del total de los electores es alcanzable sólo en procesos electorales, así como el requisito para que las consultas populares a petición de los ciudadanos sea inferior al 2% de electores que se requiere actualmente, es decir 1.8 millones de firmas aproximadamente, lo cual deja al ciudadano en desventaja de interesarse en los asuntos públicos, frente a la opción que tiene el Presidente de la República o el 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión que sólo con hacer la petición es suficiente, lo cual puede prestarse para que las consultas que impulse el Gobierno sean de carácter propagandístico o que él mismo las promueva, como es el caso de la Consulta Popular 2021, denominada así por el Instituto Nacional Electoral, que tiene por objeto decidir si se llevan a cabo o no acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, como sería la creación de comisiones de la verdad, mientras que funcionarios de Gobierno y Partidos Políticos afines promueven que se trata del enjuiciamiento de expresidentes.
