Por Alex Villegas..
La determinación de integrantes de la familia Lebarón de que su caso se esclarezca con total transparencia, sin la creación de chivos expiatorios, proyecta a ese episodio como una difícil prueba para el ciudadano presidente y su administración.
La realización de reuniones con el ciudadano presidente, en este caso, no garantiza de manera alguna que se suavice la posición de los Lebarón, quienes a todas luces han utilizado la presión tanto mediática como externa, para forzar la reacción e intervención del aparato de la procuración de justicia.
Ello, coincidentemente, obliga a revirar hacia las detenciones realizadas a la fecha, de presuntos implicados en el crimen cuya culpabilidad tendrá que ser ampliamente demostrada para ubicarse como irrebatible, con el propósito de cerrar el caso.
De otra forma, es claro que el caso Lebarón marcará, en el rubro de seguridad, a la administración del ciudadano presidente.
Y en una de esas convertirse en el Waterloo del ciudadano presidente.
Bonilla
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció contra la denominada Ley Bonilla y con ello marcó el rumbo de la determinación que habrá de emitir el máximo tribunal del país.
Los magistrados especializados tardaron, pero por fin se pronunciaron en contra de la pretensión de ampliar de 2 a 5 años la gestión del actual gobernador de Baja California y con ello, sentaron las bases para descalificar, el menos en el plano estatal, cualquier pretensión de ampliación de mandato.
La pretensión fue considerada como inconstitucional, por los magistrados electorales, ahora solo falta que la Suprema Corte empate el criterio.
