Por Alex Villegas..
El ciudadano presidente no fue lejos por la respuesta, la reacción de los presuntos conspiradores fue inmediata. Olvidó que quien acusa está obligado a probar y optó por el efectismo político, pegó primero pero la respuesta fue contundente.
Los señalados como integrantes del Bloque Opositor Amplio se deslindaron de manera abierta, de una acción que no tenía ni tendrá si es que se concreta un tamiz de ilegalidad.
El ciudadano presidente trató de venderse como víctima de una conspiración, que se asemeja a las que armó como oposición durante 18 años, para llegar a la presidencia de la República.
Los planes para desplazar a quien ejerce el poder en el país y hacerse del Legislativo, como una suerte de contrapeso y cogobierno no son nuevos.
La historia reciente del país, recuerda lo sucedido en las elecciones intermedias de 1997, en las que la oposición comenzó a ejercer un verdadero contrapeso desde el Legislativo, así como la forma en que operó el PRI durante las presidencias panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Es más que claro que el ciudadano presidente trató de victimizarse, en una remaxterización región 10 de los episodios que guardadas las debidas proporciones protagonizó en varias ocasiones Hugo Chávez, en espera del respaldo social a su proyecto.
Sin embargo, más allá de la alharaca política, lo que habría que plantear es si verdaderamente quien organice un bloque opositor incurre en un delito, o si sólo esa acción va contra la posición del ciudadano presidente que insiste en su pretensión de dividir al país.
Una cosa es armar un bloque opositor dentro del marco legal y otra armar una acción golpista, eso es algo que debe tener claro el ciudadano presidente, pero al parecer así como siempre tiene otros datos, al respecto tiene otra visión y aplica a pie juntillas la conseja de que quien no está con él, está en su contra.
Inmovilismo
Los hechos violentos registrados en la Ciudad de México, en el pasado inmediato, permiten advertir que una cosa es no reprimir y otra que las fuerzas del orden permanezcan inmóviles ante la comisión de delitos y agresiones que se traducen en afectación de terceros e incluso del patrimonio nacional.
Los elementos policiacos tienen la obligación de intervenir, pero ante las instrucciones de mantenerse al margen, habría que ver si quien dicta esa orden no incurren en alguna falta al menos administrativa.
