Por Ángel Álvaro Peña
Cuando los magistrados dan de qué hablar en un país es que la ley está chueca o estuvo muy torcida. El extremo de una mala administración radica en que quienes deben aplicar la ley, la violan, y en México sucedió.
Desde el primer minuto de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, la resistencia a la adaptación a lo nuevo la encabezaron los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes se negaron rotundamente a reducirse el salario.
Se sabían privilegiados y quieren seguir siéndolo, aunque en su trayectoria no haya la limpieza que exige su responsabilidad.
Ahora, la mayoría de Morena, aprobó una ley para que ningún funcionario del Estado gane más que el Presidente. Es decir, no puede haber pueblo pobre con funcionarios ricos.
Pero si algo les faltaba a los funcionarios públicos del pasado era solidaridad, es más, si podían aprovechar algo que estaba destinado a los pobres, lo utilizaban en beneficio propio sin sonrojarse siquiera.
De hecho los actos de corrupción ocurridos en el pasado fueron en detrimento de la calidad de vida de los más vulnerables, porque se enriquecían con el dinero destinado a la ayuda de los pobres, o de las obras o de los subsidios. Y los magistrados no se quedaron atrás.
Hace una semana que Eduardo Medina Mora renunció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) argumentando “causas graves”, hasta ahora desconocidas.
Es la primera renuncia de un ministro de la Suprema Corte en 25 años; y se trata de un personaje cercano a los gobiernos panistas y priistas, considerados en su momento por el presidente Andrés Manuel López Obrador como ‘la mafia del poder’.
A Medina Mora le quedaban poco más de 10 años en el cargo; sin embargo, su renuncia parece apresurada y sin una razón de peso suficiente para dicha acción, ya que sólo se aceptan renuncias de magistrados por causas graves y hasta ahora se desconoce esa causa grave.
Por otra parte, fuentes del Poder Judicial Federal revelaron que el magistrado cuya suspensión fue anunciada por el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, es Jorge Arturo Camero Ocampo, quien era integrante del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Zaldívar afirmó que el Consejo de la Judicatura Federal, detectó “inconsistencias graves” en las finanzas del magistrado Camero Ocampo, por lo que se tomó la decisión de suspenderlo para someterlo a investigación. Según las normas del Poder Judicial Federal, el CJF puede solicitar información de las cuentas bancarias y movimientos financieros de los jueces y magistrados federales, para confirmar la legalidad de sus ingresos.
Entre las irregularidades encontradas en las finanzas del magistrado suspendido se cuenta la propiedad de una casa en Paseos del Pedregal, cuyo valor de mercado supera los 17.8 millones de pesos.
Es decir, la limpia en un punto donde pudieron ocurrir un sinnúmero de triquiñuelas, empieza y ojalá siga a fondo.
El senador Félix Salgado Macedonio hizo un llamado a erradicar la corrupción que impera en el Poder Judicial, pues advirtió que hay ministros, magistrados y jueces que operan en favor de intereses criminales.
Durante el debate, Salgado Macedonio recordó que en varias ocasiones utilizó la Tribuna para denunciar la corrupción que impera en el Poder Judicial. Sin embargo, sus manifestaciones fueron atacadas, e incluso ridiculizadas, pero no hacían otra cosa que expresar su contubernio con un poder que empieza a desmoronarse.
Existe el antecedente del caso de la suspensión de los magistrados y la reducción de su número por mandato del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
La reforma de Zedillo planteó que los 11 integrantes que renovaron por completo a la SCJN en 1995 terminaran su mandato de forma escalonada y que algunos duraran más de 15 años en el cargo.
La necesaria purga en el Poder Judicial debe seguir adelante. Desde luego que no todos son corruptos, aunque sí forman parte de una burocracia dorada que, junto con los consejeros electorales, no justifican su ingreso mensual ni por aproximación.
Así como existe una limpia en el Poder Judicial debería también aplicarse una investigación en los mandos medios de la administración pública, porque todavía hay muchos trabajadores que mantienen los vicios de anteriores administraciones y que incluso resentidos por reducciones de salario porque algún familiar o amigo fue despedido, tratan de sabotear las actividades de la burocracia federal.
Tan obsesivos que se han mostrado los panistas por la evaluación en diferentes áreas laborales del país, ahora ellos deben someterse a un examen para ver si en realidad cubren el perfil de la labor que realizan o bien sólo fueron recomendados y son improvisados que hacen mucho daño a la economía del país. PEGA Y CORRE.- Se dice que ya el gobierno de Veracruz empieza a pagar las que debe, esperemos que se refiera a las deudas económicas… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
