Por Ángel Álvaro Peña
Los funcionarios públicos de las pasadas administraciones se han convertido en un verdadero problema para la justicia mexicana. Esa burocracia dorada que surgió con el arribo del PAN a la Presidencia de la República ahora debe no sólo reducir su salario sino desaparecer.
El hecho de que se hayan echado raíces en la burocracia no descarta la posibilidad de un verdadero sabotaje desde las entrañas de la estructura de gobierno.
Todavía hay colados que llegan incluso a convertirse en presidentes municipales, legisladores locales, federales y hasta senadores con piel de oveja, que traen en su sangre el ADN de la corrupción, de un individualismo que no se tienta el corazón al dejar sin ayuda a los pobres para enriquecerse.
La herencia de un puesto en la administración pública ahora se convierte en una especie de cáncer en la estructura del gobierno federal y estatal. La pelea la empezaron quienes nunca aceptaron ganar menos, porque se consideran merecedores de mayor remuneración, cuando en realidad la cantidad y calidad de trabajo dejaba mucho que desear.
De ahí surge una anécdota: le preguntan a un funcionario público que desde cuándo trabaja ahí. La respuesta es clara: Desde que usted llegó. Y añade el burócrata, “es que antes no hacía nada”.
Esta anécdota no dista mucho de ser verdad. Precisamente esos burócratas con altos salarios eran parásitos que llegaban a trabajar a las once de la mañana a las tres se iban a comer y ya no regresaban a la oficina.
Muchos de esos siguen cobrando altas cantidades de dinero a costa del presupuesto, pero, por si fuera poco, algunos de ellos han sido señalados como personas implicadas en la práctica de la corrupción.
Ya hay varios que están en la lista, otros que son investigados, algunos están detenidos, pero todavía faltan muchos en todos los estados de la república, en el gobierno federal, y no faltan aquellos que como último favor a sus jefes les solicitaron legislaturas locales o federales para alcanzar la impunidad y gozar de lo robado en libertad, por el resto de sus días.
Algunos de estos quieren regresar a la administración pública y hasta han tenido el descaro de cambiar de partido, como si con esto la conciencia se les limpiara en automático.
El abuso del poder fue tanto que permeó todas las áreas del gobierno, se prestaban a tantas triquiñuelas que no hay quién no haya participado o sepa de alguien que estuvo implicado en algún desvío de recursos.
Rosario Robles ya cumplió un mes tras las rejas, acusada de desvío de fondos públicos a través de la llamada Estafa maestra. Sigue sin sentencia, pero los cargos se acumulan.
La sorpresiva renuncia del magistrado del Tribunal Superior de Justicia,
Eduardo Medina Mora, impulsado por Enrique Peña Nieto y por Televisa al Tribunal, fue el inicio de diferentes detenciones e investigaciones que esperemos se concreten con la cárcel para los corruptos, tal y como lo había anunciado el presidente de la república en su campaña.
Así, el Poder Judicial de la Federación puso en la mira a un magistrado que presuntamente encabeza una importante red de corrupción y tiene graves inconsistencias en sus ingresos, se trata de Jorge Arturo Camero Ocampo.
En Hidalgo, por ejemplo, el gobierno municipal de Pachuca investiga a seis funcionarios municipales, dos de ellos regidores, a quienes un ciudadano señala de incurrir en probables faltas administrativas por ocupar simultáneamente dos cargos públicos.
En días pasados, policías de Investigación de la Procuraduría General de Justicia detuvieron a Hedilberto Chávez Gerónimo, funcionario de la Secretaría de Finanzas en el gobierno anterior en la Ciudad de México, acusado por el presunto desvío de más de 3 millones de pesos.
En esta tónica, jueces, magistrados, consejeros electorales, trabajadores del Banco de México y de la Secretaría de Gobernación, entre otras dependencias, han presentado cinco mil 165 amparos contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que les impide ganar más de 108 mil pesos mensuales, que es lo que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los amparos buscan revertir el tope salarial que propone la Presidencia de la República, que sería obligatorio no sólo para los funcionarios dependientes del Ejecutivo federal, sino también a organismos autónomos y descentralizados.
En mayo pasado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión aclarar en esa ley los parámetros para fijar el sueldo presidencial, que serviría como tope para definir los ingresos del resto de los funcionarios públicos.
Ante este tema, el presidente de la República cumple con un compromiso de campaña que debe seguir hasta el final para acabar con la práctica de la corrupción.
Hay un buen inicio, aunque tardío, la población espera ver a todos los funcionarios corruptos en la cárcel, aunque se escuden en el fuero del cargo de elección popular o en la coartada de la aparente inocencia. PEGA Y CORRE. – Nada sorpresivo fue el resultado de la encuesta realizada en el norte del país acerca de la confianza de las fuerzas armadas, el Ejército y la Marina son las instituciones que generan más tranquilidad en esa región donde hay la percepción de que es poco seguro vivir cerca de la frontera con Estados Unidos… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
