Por Alejandro Villegas…

La desaparición de Fideicomisos dejará en manos del gobierno del ciudadano presidente una enorme cantidad de recursos, cuya aplicación debe estar bajo la lupa, hoy más que nunca.
Alrededor de 70 mil millones de pesos pueden ser objeto de un uso discrecional, alejado del propósito inicial.
La probidad de los funcionarios encargados de su administración estará de manera permanente bajo el escrutinio general.
Esos recursos no sólo pueden utilizarse en el combate al COVID-19, también pueden incurrir en el campo electoral, vía la aplicación de programas sociales, y en cuanta actividad se requiera, toda vez que no aparecen como etiquetados y se han metido, hasta donde se aprecia en una enorme bolsa.
De ahí la necesidad de que haya transparencia en el manejo de los recursos y que se entreguen de manera ágil, como hoy los requieren los afectados por los fenómenos naturales que impactaron el territorio nacional, principalmente, en Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
El ciudadano presidente por la vía del Legislativo, consiguió una cuantiosa suma de recursos, al extinguir más de cien fideicomisos, ya el tiempo y las circunstancias se encargarán de evidenciar los daños que se causó en esa acción que hoy se festeja.
Elecciones
Los comicios de Hidalgo y Coahuila servirán al árbitro electoral de laboratorio logístico, para evaluar las medidas que podrían aplicarse en la elección intermedia del próximo año, en el caso de que la pandemia de COVID-19 obligue a observar medidas extraordinarias.
De las medidas que se tomen dependerá, en gran medida, el desarrollo de la jornada electoral.
Pero sobretodo, el árbitro electoral debe establecer con claridad las normas para el desarrollo de las campañas a desarrollarse con miras a la elección del 2021, con sumo cuidado en los eventos masivos que desde ahora pueden darse por cancelados, con lo que las redes sociales jugarán un lugar preponderante.

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